Petróleo y minería socavan la tranquilidad en América Latina

El dilema de la explotación minera y petrolera en Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador es similar al de Colombia: ¿hasta qué punto deben arriesgar los Gobiernos la estabilidad social, ambiental y de derechos humanos por un modelo de desarrollo económico?

En los últimos años, casi el 40% del territorio colombiano ha sido concesionado o solicitado por transnacionales mineras y de hidrocarburos. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz plantea que, de los 114 millones de hectáreas que lo componen, unos 8,4 millones han sido dados en concesión para la exploración de minerales y 37 millones, titulados para la búsqueda de hidrocarburos.

A septiembre de 2011, el Sistema de Información Ambiental Minero-Energético, a través del Registro Nacional Minero, indicaba que 1.717 empresas tenían títulos vigentes de concesiones para explorar o explotar minas y que 7.200 títulos estaban en manos de particulares.

Para el pueblo colombiano, estas cifras son motivo de indignación. Para los ambientalistas, prueba fehaciente del poco o nulo interés del Gobierno nacional por el impacto ambiental de la minería legal o ilegal. Y para las poblaciones afectadas social, cultural y económicamente, un asunto de denuncia permanente.

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Por: Leidy Castaño. Unimedios